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Una de las prioridades políticas del Gobierno Federal es el respeto, la vigencia y la promoción de los derechos humanos en todo el mundo. Conjuntamente con sus socios de la UE, lucha por el cumplimiento y desarrollo de los estándares de derechos humanos. Lo hace en estrecha cooperación con las instituciones de la ONU, en especial la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) en Ginebra. La política alemana en materia de derechos humanos tiene una clara meta: proteger de violaciones de los derechos fundamentales y libertades básicas y crear condiciones sólidas para acabar con la represión, abusos, arbitrariedades y explotación. Este mandato se deriva de la propia Constitución, cuyo Artículo 1 proclama que los derechos humanos son el fundamento de toda comunidad humana, la paz y la justicia en el mundo.
La Ley Fundamental somete al legislador y la administración al orden constitucional y sus normas y al resto del ordenamiento jurídico. Los derechos fundamentales reconocidos en el Título I tienen eficacia directa. El Artículo 1 erige en bien supremo del orden constitucional el respeto de la dignidad humana: “La dignidad del ser humano es intangible.” La Constitución establece que Alemania es un Estado de Derecho, lo cual implica, junto al imperio de la ley, la separación de poderes, la vigencia de los derechos fundamentales y la legalidad de la administración, que todos los actos de los poderes públicos están sometidos al control judicial. También tiene rango constitucional el principio del Estado federal, en virtud del cual las competencias se distribuyen entre el Estado central y los Estados miembros. Por último, la Ley Fundamental define a Alemania como Estado social, principio del cual se deriva la exigencia de que los poderes públicos adopten previsiones para que los ciudadanos tengan garantizado un sustento digno en caso de desempleo, discapacidad o enfermedad y en la vejez. Una peculiaridad de la Ley Fundamental estriba en el denominado “carácter inmutable” o perpetuo de estos principios constitucionales esenciales. Los derechos fundamentales, la forma de gobierno democrático, el Estado federal y el Estado social no son susceptibles de desvirtuarse ni alterarse mediante ulteriores reformas o modificaciones constitucionales ni tampoco a través de una Constitución íntegramente nueva.